Violencia escolar: un problema, distintas soluciones.

     

 Por unas razones u otras, la violencia escolar parece “estar de moda”: no hay semana en que no aparezca una noticia en la prensa sobre el tema. Sin embargo, es un problema que afecta a todos los países, a todas las clases sociales, tanto a la escuela rural como a las grandes urbes. Pero sí elige un sexo, el masculino, como principal “generador” de esta violencia, mientras que apenas hay diferencias por sexo entre las víctimas. Las soluciones son complejas, pero nadie ha conseguido erradicarla por completo con una sola fórmula: lo que sí es habitual es que un centro encuentre un sistema propio y le vaya bien, pero su eficacia al ser “exportado” suele dejar mucho que desear.

 


      No hay semana en que los periódicos no toquen este tema: si no es agredido un profesor, un grupo de chicos acosa sexualmente a una alumna, o un grupo de docentes piden protección policial. Todo ello en España el mes pasado.

      Parece que después de los acontecimientos del año pasado –un año “negro” en cuanto a violencia juvenil– los periódicos muestran mayor sensibilidad para estos temas. Y es que, tras las peleas de bandas de Latin Kings en Carabanchel (Madrid), se produjo el asesinato de un alumno de 16 años cuando salió del centro a hacer fotocopias.

      Fue la vez en que España estuvo más cerca de una muerte intencionada dentro del centro escolar. Todavía ningún alumno ha matado a otro compañero intencionadamente, al contrario a lo ocurrido en otros países.


Características comunes


      
España no tiene la exclusiva en la violencia, y sus circunstancias son similares a las de otros países de nuestro ámbito: “la violencia escolar es un problema masculino que culmina a cierta edad (a los 16 años en algunos, a los 13 en otros) y afecta a todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo”, según manifiesta Eric Debarbieux, que preside el Observatorio Europeo para la Violencia Escolar.

      Para este responsable, “no hay factores únicos, sino modelos complejos ligados a la situación familiar, condiciones socioeconómicas y al estilo pedagógico del colegio”. Por ejemplo, entre un 10 y un 20% de los factores de riesgo se asocian a la monoparentalidad, pero no se debe caer en determinismos: pertenecer a un colectivo social de riesgo no conduce necesariamente a ser un violento en potencia.

      Según los expertos, existe un “foco tenaz de violencia” de alrededor de un 5% de los alumnos en zonas difíciles. Pero según Debarbieux, eso no es del todo exacto: según su experiencia, “este foco fluctúa entre el 1 y el 11% en una misma zona difícil, y es la escuela la que puede agravar la situación o mejorarla”, apunta.

      Y es que muchas medidas organizativas afectan a este problema: la existencia de aulas-gueto, o la falta de estabilidad en los equipos docentes, acentúan el problema. Es, por tanto, y al menos en parte, un problema organizativo.

      Pero la organización no ayuda muchas veces a evitar el problema: por un lado, en las zonas difíciles se concentran muchos alumnos conflictivos por aula, lo que lleva a poner en duda el “sacrosanto” dogma de la proximidad del domicilio al colegio (de hecho, se está empezando a dejar de lado tal principio para romper círculos viciosos, por ejemplo en Madrid). Otra de las medidas ahora muy populares es reducir las aulas de zonas conflictivas a la mitad.


Inestabilidad docente


      
Otro de los factores que no ayuda a controlar la violencia es precisamente la inestabilidad de las plantillas: el problema es que los centros conflictivos acostumbran a tener sus equipos humanos llenos de interinos –docentes no funcionarios de la escuela pública que un año están en un sitio y otro en el de más allá–, que además de inexpertos (normalmente acaban de presentarse a una oposición y se han quedado cerca de sacarla) saben que no van a seguir en ese centro mucho tiempo.

      Porque no es habitual que centro de tales características tenga a personal funcionario, más curtido en lidiar con alumnos difíciles, que permanezca allí vocacionalmente. De hecho, algunas consejerías de Educación, como la navarra, han primado a aquellos que decidan quedarse en tales centros durante varios años.

      El sistema educativo es otro de los responsables del incremento o descenso de la violencia: por ejemplo, según una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo en 1999, en colaboración con Unicef, y llevada a cabo por algunos destacados “logsistas” (partidarios de la Ley de Educación de 1990, llamada Logse, en vigor hasta 2003), el 45% de los docentes constataban un aumento “ligero” de la violencia en el centro en los tres últimos años, mientras que un 32% respondían que el aumento había sido drástico.

      Esta encuesta, repetida tres años después, sólo mostraba un aumento de la violencia moderado, aunque era raro el profesor que había notado un descenso de la violencia.


Otros factores


      
Pero sería simplista culpar únicamente a un sistema educativo –por lo demás bastante laxo disciplinariamente– del aumento de la violencia: en los últimos años se han producido en España dos fenómenos que en todo el mundo se relacionan con el aumento de la agresividad, inmigración y monoparentalidad.
No hay más que echar un vistazo a las estadísticas del INE para constatar lo primero, y las cifras de separaciones y divorcios de la última década publicados por el Instituto de Política Familiar (reproducidas por este periódico hace dos semanas).

Soluciones quiero

      
Las soluciones no son fáciles: en algunos centros ha funcionado la reducción de alumnos por aula (con el consiguiente aumento de profesores). En otros, formar comisiones de alumnos que se encarguen del régimen disciplinario. En otros, cerrar el colegio y redistribuir a los adolescentes (lo hicieron en el País Vasco varias veces en los últimos años: algunas veces resolvieron el problema, otras lo multiplicaron).

      Hay, sin embargo, algunas reglas sencillas que los expertos recomiendan, y que necesitan de la colaboración de toda la comunidad escolar: padres, profesores, alumnos. Más allá de la “participación”, se necesita un compromiso por parte de todos para cumplirlas:

      –Las reglas deben ser iguales para todos, y todos deben saber que cualquiera que las rompa va a recibir el mismo castigo que cualquier otro que las quiebre.

–Todos deben conocer las sanciones para determinados comportamientos.

      –Ningún padre debe quitar la autoridad a un profesor delante de su hijo (ni el director delante del alumno). La autoridad no sobrevive a esos golpes, y el poder sin ella queda muy debilitado ante un adolescente.

      –Los propios alumnos deben participar en la elaboración de las reglas de convivencia, y si se les consulta se les debe tener en cuenta (normalmente son partidarios de endurecer el régimen).

–El director debe asumir el liderazgo.

      No siempre funcionan, ni basta con ellas: en todo lo humano hace falta una insustituible dosis de creatividad. Pero donde se incumplan estas reglas, es más probable que la indisciplina campe a sus anchas.


La violencia escolar, un problema mundial


      
España no es la excepción, la violencia escolar afecta a todos los países, tanto desarrollados como del Tercer Mundo. De hecho, las tensiones políticas, económicas y sociales en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son tales que la violencia escolar a menudo se transforma en violencia contra la escuela, llegando a darse casos de que un colegio se convierte en objetivo bélico, o las distintas guerrillas reclutan allí a los niños-soldado.

      En el mundo occidental, los mayores problemas los padecen las escuelas públicas de los países anglosajones: en Australia, un niño disparó contra su colegio la semana pasada; en Gran Bretaña se han llegado a cerrar colegios acuciados por este problema hasta límites insalvables. Pero la palma se la lleva Estados Unidos, donde algunos casos como el de Columbine han inspirado varias películas y han llevado a lanzar a la Administración Bush el programa “tolerancia cero”, mediante el cual, en las escuelas públicas no se consiente la más mínima alteración del código disciplinario. El problema es que se castigan por igual faltas de muy distinto calibre, lo que está creando mayor tensión entre los estudiantes.

      Una de las medidas más polémicas, adoptada por el estado de Columbia en algunos centros, ha sido la de destinar a policías uniformados a algunos de los centros más conflictivos del territorio. Las voces de protesta no se han hecho esperar, incluso cuando uno de los policías fue agredido por un grupo de alumnos.

      Ningún experto avala estas medidas “de urgencia”, pero ninguna de las otras propuestas de estos expertos ha dado con la solución a estos problemas, y docentes y padres comienzan a perder la paciencia.
El último caso, sorprendente sobre todo por el país donde se ha producido, ha sido Francia. En un instituto de la capital, un alumno arrojó por la ventana un bote de ácido por la ventana con la intención de “amedrentar” a sus profesores. Y a fe que lo consiguió.

      De hecho, los profesores del dentro se declararon en huelga hasta que el desconocido agresor fuera detenido, tarea que llevó varios días. Y una vez conseguido, sus declaraciones levantaron aún más los ánimos. Tanto que un grupo de docentes del centro, en vez de entrevistarse con el titular de Educación –ya lo habían hecho otras veces, con resultados “poco satisfactorios”– lo hicieron con el de Interior. Y dio con una solución propia de un titular de interior: poner un policía.

      A diferencia de Estados Unidos, donde los policías en los colegios van uniformados, y llevan a cabo los registros armados y con perros –alumnos españoles que los han vivido los califican de “traumáticos”–, el “gendarme de colegio” no irá uniformado ni portará armas, y sólo intervendrá a petición de los profesores o de los alumnos.

      Las críticas a esta medida, comenzando por las del ministro de Educación, no se han hecho esperar: se da la circunstancia de que en los últimos años se ha reducido un tercio de la plantilla no docente de los centros, entre bedeles y los clásicos “vigilants”. Por ello, consideran una hipocresía reducir la plantilla por un lado de los encargados de la seguridad en los centros, y matar moscas a cañonazos colocando policías. Y es que una cosa lleva a la otra, según los representantes sindicales.


José M. LACASA


jlacasa@magisnet.com